El Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuló este viernes la Ley 1-24, que daba vida a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras declararla incompatible con la Constitución. La sentencia responde a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los partidos Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Motivos de la anulación

La decisión del tribunal se basa en que la Ley 1-24 viola el artículo 112 de la Constitución, que establece los procedimientos específicos para la aprobación de leyes orgánicas. Según la alta corte, la ley otorgaba al DNI poderes desproporcionados, incluyendo la capacidad de realizar acciones de inteligencia sin supervisión judicial, lo que pone en riesgo derechos fundamentales.

Además, la normativa obligaba a instituciones públicas, privadas y personas físicas a proporcionar información a el DNI sin restricciones, lo que fue calificado como excesivo y contrario a los principios democráticos.

Reacciones a la sentencia

La anulación fue celebrada por sectores políticos y sociales que, desde la promulgación de la ley, manifestaron su oposición al considerarla una amenaza a derechos fundamentales como el secreto profesional y la privacidad.

  • Voceros del PLD y Fuerza del Pueblo calificaron la ley como “medieval” y propia de gobiernos dictatoriales.
  • Representantes del sector periodístico y jurídico destacaron que la disposición protegía la libertad de prensa y el derecho al secreto profesional.

El Congreso Nacional ya tiene en evaluación un nuevo proyecto relacionado con la creación de una agencia de inteligencia. Sin embargo, los legisladores tendrán que considerar las observaciones realizadas por el Tribunal Constitucional para garantizar su conformidad con la Carta Magna.