La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que permite a candidatos independientes aspirar a cargos públicos sin estar afiliados a un partido político ha generado un intenso debate en la República Dominicana. La decisión, que declara inconstitucionales varios artículos de la Ley de Régimen Electoral 2023, ha sido calificada como “desafortunada” por analistas y sectores políticos que consideran que debilita el sistema de partidos y beneficia indirectamente al gobierno actual.
Para los críticos, la medida podría ser parte de una estrategia para desacreditar a los partidos políticos y fragmentar a la oposición. “Esto parece un intento de ensayo para desarticular la estructura de los partidos y dar cabida a intereses particulares que podrían incluso vulnerar la democracia”, señaló un comentarista político en un programa radial.
La sentencia también genera preocupación sobre posibles riesgos de infiltración de sectores no deseados, como el narcotráfico, en el sistema electoral. “Permitir candidaturas sin los filtros de los partidos abre la puerta a que cualquier persona con recursos, sin importar su origen, pueda postularse y ganar”, advirtieron.
Por otro lado, se espera que el Congreso Nacional tenga que abordar el tema para regular esta nueva realidad. La Junta Central Electoral también se encuentra en una posición incómoda, pues la decisión afecta directamente los procesos de supervisión electoral y podría derivar en una reforma legislativa.
Los defensores de la sentencia argumentan que fomenta la participación ciudadana y reduce el poder de los partidos políticos tradicionales, acusados de corrupción e ineficiencia. Sin embargo, la polarización que ha generado la medida resalta la necesidad de un amplio debate sobre el futuro del sistema político dominicano.
Con esta resolución, el panorama electoral del país enfrenta un reto significativo de cara a las próximas elecciones, mientras los sectores políticos y sociales evalúan los impactos a largo plazo de esta controvertida decisión.
