En una decisión histórica, el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana ha anulado la controvertida Ley del DNI 1-24, que regulaba las actividades de los servicios de inteligencia, por considerarla inconstitucional. La resolución, emitida de manera unánime, se fundamenta en irregularidades en el procedimiento legislativo utilizado para su aprobación, lo que violó los requisitos establecidos en la Constitución y los reglamentos de las cámaras legislativas.
Un Proceso Cuestionado
La ley, que había generado preocupaciones en diversos sectores, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por los tres principales partidos de oposición (PRD, PLD y Fuerza del Pueblo). Desde su promulgación, múltiples entidades, como la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas y la Asociación de Bancos Comerciales, señalaron que contenía disposiciones que comprometían derechos fundamentales, como la protección de las fuentes periodísticas y el secreto profesional.
El Tribunal se enfocó exclusivamente en las fallas procedimentales. Según el fallo, el proyecto de ley no cumplió con los trámites necesarios para una Ley Orgánica, lo que bastó para su nulidad. Aunque no se abordaron aspectos de fondo, el comunicado dejó entrever que de haber sido evaluados, también habrían surgido elementos de inconstitucionalidad.
El comunicador Óscar Medina destacó que esta decisión representa una victoria para la democracia dominicana y un respaldo al libre ejercicio de la comunicación. Medina subrayó que el fallo protege derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información, y abogó por una revisión completa del proyecto, asegurando su compatibilidad con los principios democráticos.
Además, la anulación incluye disposiciones relacionadas con la reforma al Código Penal (Ley 1015), que fue declarada inconstitucional con un plazo de un año para su revisión. Por otro lado, el TC validó la reciente reforma constitucional promovida por el Poder Ejecutivo, calificándola como adecuada en forma y contenido.
Perspectivas Futuras
La decisión del TC devuelve el debate al Congreso, donde se espera que se formulen modificaciones consensuadas que respeten los derechos fundamentales y el Estado de derecho. La sociedad civil y los gremios profesionales, que participaron activamente en las discusiones previas, seguirán desempeñando un rol clave en la construcción de una nueva propuesta legislativa.
El fallo refuerza el papel del Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución, enviando un mensaje claro sobre la importancia del respeto a los procedimientos democráticos y la defensa de las libertades públicas.
