En un entorno de creciente preocupación por la seguridad ciudadana, el reciente asesinato del sargento mayor Eddy Calcaño Castillo, miembro del DICRIM, en Baní, ha vuelto a encender el debate sobre las prioridades del Ministerio de Interior y Policía (MIP). El agente fue brutalmente ejecutado al intentar frustrar un atraco, un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que ha conmocionado al país.
El caso resalta un patrón alarmante: en lo que va del año, siete policías han perdido la vida en manos de delincuentes, mientras la población sigue enfrentando altos índices de criminalidad. Por otro lado, la actual gestión del MIP, encabezada por la ministra Faride Raful, ha concentrado sus esfuerzos en campañas como “Saca lo mejor de tu interior”, enfocadas en la reducción del ruido y el consumo de alcohol en espacios públicos.
Diversos sectores han cuestionado esta estrategia, señalando que se desvía de las funciones primordiales del Ministerio, como el control de armas, la seguridad ciudadana y la regulación migratoria. Críticos argumentan que el enfoque en problemas como el ruido refleja una desconexión con las necesidades urgentes del país.
Familiares de la víctima han expresado su indignación: “Mientras el Ministerio se enfoca en cerrar colmadones, nosotros enterramos a nuestros seres queridos. ¿Quién protege a quienes nos protegen?”, afirmó entre lágrimas la madre del sargento asesinado.
El MIP enfrenta ahora un desafío clave: redefinir su estrategia para priorizar el combate efectivo a la delincuencia, una demanda cada vez más urgente en una República Dominicana golpeada por el luto y la inseguridad.
