Asimismo, destacó que países como Bahamas, Islas Turcas y Caicos, Panamá y Granada han sido contactados para aceptar a personas deportadas de Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. “Esto muestra que la administración Trump está buscando cualquier lugar donde enviar a los deportados. No sabemos si la República Dominicana será considerada, pero no estamos fuera de la tómbola”, afirmó.

Martínez Pozo advirtió que la República Dominicana podría enfrentar presiones similares si estas políticas se expanden, especialmente en el contexto de la crisis migratoria haitiana. Enfatizó que la deportación de personas hacia Haití sin garantías para su seguridad o bienestar podría agravar la situación regional.

De su lado, concluyó conectando el tema con la necesidad de que Haití asuma un proceso de regularización de su población, destacando como positivo un anuncio reciente del gobierno de transición haitiano sobre un plan para documentar a sus ciudadanos en un plazo de cinco años. Sin embargo, señaló que, debido a la fragilidad del estado haitiano, esta propuesta enfrenta desafíos significativos.

La posible implementación de estas políticas migratorias sigue generando preocupación entre los analistas y comunidades afectadas, quienes consideran que los efectos podrían tener implicaciones significativas para la región del Caribe y Centroamérica.