El Gobierno dominicano ha emitido un decreto que busca salvaguardar la producción nacional de arroz, una decisión que ha generado múltiples reacciones, tanto de apoyo como de cuestionamiento. En su programa “Sin Maquillaje”, la comunicadora Altagracia Salazar analizó profundamente esta medida, destacando su importancia estratégica para la soberanía alimentaria del país y la estabilidad económica de miles de familias dominicanas.

Salazar subrayó que esta decisión, catalogada técnicamente como una salvaguarda, busca proteger a un sector que genera empleo, desarrollo tecnológico y estabilidad en regiones clave de la República Dominicana. Según las cifras oficiales, el país produce alrededor de 15 millones de quintales de arroz, cantidad suficiente para satisfacer la demanda interna bajo condiciones normales. Provincias como Duarte, Montecristi, La Vega y Sánchez Ramírez son los principales pilares de esta producción, siendo además fuentes cruciales de empleo y riqueza.

“La seguridad alimentaria es parte de la seguridad nacional”, afirmó Salazar, añadiendo que en momentos de crisis global, como la pandemia, la producción nacional permitió a los dominicanos evitar carencias alimentarias graves, una situación que otros países no pudieron eludir.

En su análisis, la comunicadora no solo elogió la medida, sino que también cuestionó a ciertos sectores comerciales que priorizan las ganancias individuales sobre el bienestar colectivo. “Es un atentado contra las economías locales y medios de vida pretender sacrificar a miles de familias productoras en aras de beneficios particulares”, señaló.

La medida busca mantener el arancel del 99% a las importaciones de arroz, salvo en contingentes específicos de 23,300 toneladas métricas que entran con tasa cero bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA-DR). Esto contrasta con el escenario previsto para 2025, donde las importaciones de arroz podrían haber quedado libres de aranceles, amenazando la competitividad del sector nacional.

Además, Salazar resaltó el nivel de desarrollo tecnológico de la industria arrocera local, destacando métodos como la “cero labranza”, que minimizan la intervención humana y optimizan los recursos agrícolas. También señaló el valor agregado de que el arroz dominicano, además de satisfacer la demanda interna, se exporta a países como Cuba y Haití.

Por último, hizo un llamado a los ciudadanos a valorar el impacto de esta decisión en la soberanía alimentaria y en la economía rural del país. “La prosperidad del Cibao central, la región más próspera del país, está directamente vinculada a la producción agrícola, especialmente al arroz. No podemos permitir que intereses particulares desmantelen este pilar de nuestra economía”, concluyó.

La medida ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre el comercio internacional y la protección de los sectores productivos locales, con la opinión pública dividida entre el beneficio a corto plazo de importaciones más baratas y el impacto a largo plazo en la autosuficiencia alimentaria.