El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó dos recursos presentados por la empresa TransCore LatAm, que buscaban continuar con la ejecución del contrato de modernización y gestión de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Este contrato, valorado en 19,997 millones de pesos, está bajo investigación penal en el marco del caso conocido como “Operación Camaleón”.
Los jueces Antonio Sánchez, Úrsula Carrasco y María Calderón, de la Segunda Sala del TSA, determinaron que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) actuó dentro de sus competencias al suspender el contrato, basándose en serios cuestionamientos que comprometen la credibilidad, transparencia e idoneidad del proceso, así como los principios de buena administración y confianza legítima.
En una segunda sentencia, el tribunal también rechazó la solicitud de anulación de la resolución que acogió denuncias de irregularidades en la contratación, interpuestas por Michael Mauritz y la empresa TransCore LP. Según los jueces, las decisiones de la DGCP estuvieron debidamente fundamentadas en hechos y derecho.
El caso, que involucra al exdirector del INTRANT Hugo Beras, al empresario José Gómez y otras cinco personas, incluye señalamientos de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco. Las investigaciones del Ministerio Público continúan avanzando, con medidas de coerción vigentes para los implicados.
