La comunicadora Susana Gautreau calificó como “grave” la reciente anulación de la Ley del DNI por parte del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, señalando que este hecho expone una preocupante desconexión entre las autoridades y los procedimientos legales establecidos. Gautreau enfatizó que desde sus inicios, el proyecto había generado críticas, principalmente por ser aprobado como una ley ordinaria cuando, de acuerdo con la Constitución, correspondía ser tramitada como una Ley Orgánica.
“La forma de aprobación de una ley es fundamental. En nuestro país, la diferencia entre una ley ordinaria y una orgánica radica precisamente en el procedimiento y la mayoría agravada que requiere esta última. Pasar por alto este requisito muestra desconocimiento o, peor aún, intención deliberada de vulnerar el marco legal”, afirmó Gautreau.
La comunicadora recordó que el Tribunal Constitucional tiene el deber de revisar el procedimiento legislativo como primer paso para determinar la constitucionalidad de una norma. En este caso, la falla en el proceso de aprobación fue suficiente para declarar la nulidad de la ley. Gautreau subrayó que este revés debería ser un llamado de atención para los legisladores, instándolos a asumir con mayor rigor su responsabilidad en la creación de leyes.
Por otro lado, Gautreau destacó la necesidad de una formación continua para los congresistas, aludiendo al reciente encuentro de capacitación con el Congreso. “Es esencial que los legisladores conozcan y respeten las herramientas básicas de su labor. Esto evitaría que intentos conscientes o inconscientes de violar los procedimientos sigan ocurriendo”, añadió.
Finalmente, la comunicadora expresó que este fallo del Tribunal Constitucional es un recordatorio de la importancia de la separación de poderes y del rol del tribunal como garante de la Constitución. “Esperemos que este caso sirva como lección y que, de ahora en adelante, el Congreso actúe con mayor responsabilidad y apego a la legalidad”, concluyó.
El tema pone en relieve el equilibrio entre la legalidad y la efectividad de las decisiones legislativas, abriendo un debate sobre cómo fortalecer el conocimiento y la ética en el ámbito político para evitar errores que afectan la credibilidad de las instituciones.
