El comunicador Julio Martínez Pozo abordó una serie de temas críticos que afectan a la República Dominicana, destacando la controversia en torno al proyecto “Ciudad de los Animales” y cuestionando la gestión del agua por parte de funcionarios públicos.
Martínez Pozo comenzó su análisis expresando su apoyo al proyecto “Ciudad de los Animales,” enfatizando su alineación con la Ley de Protección Animal y la obligación del Estado de salvaguardar los derechos de los animales. Sin embargo, se mostró alarmado ante la posibilidad de que los terrenos designados para este proyecto fueran vendidos a pesar de su compromiso con el bienestar animal. “El propio presidente debe tomar cartas en el asunto e indagar qué está ocurriendo,” afirmó, subrayando la importancia de cumplir con los compromisos públicos.
El comunicador también planteó interrogantes sobre el agua que consumen ciertos funcionarios, sugiriendo que podría haber un problema subyacente que requiere una reestructuración fiscal responsable. “Dejémonos de cuento y vamos a rediscutir con responsabilidad una reestructuración fiscal,” dijo Martínez Pozo, refiriéndose a la falta de claridad y transparencia en la administración pública.
Otro tema candente que tocó fue la reciente medida del Ministro de Administración Pública, quien ha requerido a todos los servidores públicos presentar las facturas de pago de su energía eléctrica y agua. Martínez Pozo calificó esta exigencia como “un abuso” y “una discriminación contra los empleados públicos.” Expresó su preocupación por la violación de derechos fundamentales y el abuso de poder que esta medida representa.
Además, el comunicador criticó la confusión generada por el Canciller en torno a la definición de un país, tras un comentario sobre la delimitación marítima con los Países Bajos. Martínez Pozo cuestionó la inclusión de Curazao, Aruba y Bonaire como “países,” señalando que carecen de soberanía y que esto podría complicar las negociaciones marítimas de la República Dominicana.
En el ámbito administrativo, Martínez Pozo también se refirió a los contratos de arrendamiento de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC), denunciando su carácter suntuoso y cuestionando la legalidad de compromisos que exceden el periodo constitucional. “Nadie puede hablar de presupuesto previo a 10 años,” argumentó, exigiendo responsabilidad y transparencia en la gestión pública.
