Este lunes, la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió la medida cautelar de prisión preventiva de 18 meses impuesta a José Ángel Gómez Canaán, conocido como “Jochi Gómez”, quien es señalado como uno de los cabecillas de una presunta red criminal vinculada a la modernización de la red de semáforos de la capital. A las 5:44 de la tarde, Jochi Gómez salió del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, escoltado por su abogado y un chofer, tras cumplir solo 33 días de reclusión.
La nueva medida cautelar incluye el pago de una fianza en efectivo de 2 millones de pesos, presentación periódica y un impedimento de salida del país. Carlos Valcácer, abogado defensor de Gómez, expresó que la libertad de su cliente representa un acto de justicia, señalando que su detención fue injusta y anticipando una declaración de prensa para detallar las razones que llevaron a la corte a cambiar la medida.
Mientras tanto, los exfuncionarios Hugo Beras y Pedro Padovani Báez, quienes también están acusados en el caso, continúan en prisión a la espera de completar sus pagos de fianza de 5 millones de pesos mediante una compañía aseguradora. Está previsto que ambos salgan de prisión este miércoles una vez se cumplan los trámites correspondientes.
A Jochi Gómez, además de su presunta implicación en el supuesto desfalco a través del contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Transcor Latam, se le acusa de sabotear la red de semáforos de la capital en agosto pasado. La situación ha generado amplio interés mediático, y se espera que el proceso continúe bajo cobertura especial.
OPERACIÓN CAMALEÓN
El pasado miércoles 2 de octubre, el Ministerio Público lanzó la Operación Camaleón, arrestando a siete personas acusadas de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado. Los cargos incluyen desfalco, estafa, falsificación, sabotaje y terrorismo contra infraestructuras críticas, entre otros. Los imputados están detenidos en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
La operación incluyó allanamientos en varias localidades con la participación de 170 efectivos y 30 fiscales especializados. Durante los allanamientos, se recolectaron numerosas evidencias, destacando un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semáforos y un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa.
