La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado formalmente al Gobierno español que inicie los trámites para exhumar los restos del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, que reposan en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, Madrid, desde 1970.

La petición fue anunciada este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a las hermanas Mirabal, asesinadas por el régimen de Trujillo en 1960. La ARMH considera que es inadmisible que el patrimonio público español mantenga un espacio que honra la memoria de un dictador.

Razones detrás de la solicitud; En su comunicado, la asociación afirmó:

“El patrimonio público no puede dedicarse a preservar un panteón que glorifica la figura de un dictador responsable de crímenes atroces. Solicitamos al Gobierno que, además de iniciar el proceso de exhumación, emita una declaración institucional que condene el asesinato de las hermanas Mirabal y rechace públicamente a quienes ordenaron y ejecutaron estos crímenes”.

El cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde también reposan los restos del dictador español Francisco Franco, es propiedad del Patrimonio Nacional, aunque su uso está cedido al Ayuntamiento de Madrid desde 1959 exclusivamente como cementerio.

La solicitud ha generado reacciones divididas tanto en España como en República Dominicana. Defensores de la ARMH consideran que la presencia de los restos de Trujillo en suelo español contradice los valores democráticos del país. Por otro lado, algunos sectores argumentan que la exhumación podría abrir un debate innecesario sobre el pasado y las políticas de memoria histórica.

En República Dominicana, organizaciones de derechos humanos han respaldado la iniciativa y subrayaron la importancia de este gesto simbólico en la lucha contra la impunidad y el reconocimiento de las víctimas de dictaduras.

Contexto histórico

Trujillo gobernó República Dominicana con mano de hierro desde 1930 hasta su asesinato en 1961, periodo marcado por violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecuciones políticas y asesinatos. Tras su muerte, sus restos fueron llevados a España, donde permanecen hasta la fecha.

La resolución de esta petición podría abrir un nuevo capítulo en las políticas de memoria histórica de España, reflejando su postura frente a figuras autoritarias que han marcado la historia global.