La construcción del Palacio de Justicia, de jurisdicción especializada en el sector Gazcue del Distrito Nacional, se encuentra paralizada desde febrero de 2019, generando preocupaciones sobre el deterioro de la obra y una pérdida millonaria para el Estado dominicano. Con una inversión inicial de más de 272 millones de pesos, el proyecto ha sido catalogado como parte de un “festival de obras amañadas”, lo que ha llevado al Consejo del Poder Judicial y al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, a evaluar el estado de los trabajos realizados por la compañía constructora Vélez y Sánchez SRL.

Según informes, la paralización de la obra ha resultado en un deterioro significativo, lo que incrementa el costo de finalización debido a la inflación y la necesidad de reemplazar elementos estructurales que se han vuelto inservibles. Además, se denuncia que la construcción no contaba con los permisos de planificación urbana, medio ambiente y patrimonio cultural requeridos por la alcaldía del Distrito Nacional, lo que añade complicaciones a la situación.

Ante la importancia de esta infraestructura para el sistema de justicia del país, expertos consultados sugieren que el gobierno debería considerar la rescisión del contrato con la constructora y retomar la obra para evitar que la inversión inicial se convierta en un gasto aún mayor. La comunidad espera que se tomen medidas para reactivar el proyecto y garantizar un sistema judicial eficiente y moderno.