El acuerdo de delimitación marítima firmado entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos ha provocado un intenso debate sobre su impacto en la soberanía y en los recursos naturales del país. Este tratado, que establece los límites marítimos en el Mar Caribe entre la República Dominicana y las Antillas Menores Neerlandesas, fue firmado el 5 de julio de 2021 por el canciller dominicano Roberto Álvarez y la embajadora holandesa Annemieke Verrijp. Pese a haber sido aprobado recientemente por el Tribunal Constitucional, expertos y varios sectores han expresado su preocupación.

Según el documento, que consta de solo dos páginas y seis artículos, la República Dominicana ha cedido hasta 200 millas náuticas de su territorio marítimo. Esto, de acuerdo con expertos, es “inadmisible” y “ofensivo” para la soberanía nacional, pues afectaría recursos naturales como petróleo, gas y biodiversidad marina, incluyendo especies comerciales como langostas y cangrejos. “Es un golpe a los intereses sagrados de la nación”, aseguran especialistas en derecho internacional.

El contrato establece que la delimitación se basa en la equidistancia, lo que ha generado cuestionamientos, ya que las Antillas Neerlandesas están a 7,000 kilómetros de Holanda continental. Además, se han señalado graves errores en las coordenadas geográficas, algunas de las cuales apuntan a ubicaciones en África y el Océano Índico, lo que pone en duda la validez del acuerdo. “Nunca había visto un acuerdo internacional con fallos tan groseros en las coordenadas”, afirmó uno de los analistas.

La posible explotación de petróleo y gas en las áreas de frontera marítima es otro aspecto polémico del acuerdo. Según el tratado, si se detectan yacimientos en la línea limítrofe, ambas naciones tendrán derecho a extraerlos, lo que limitaría a la República Dominicana en la explotación exclusiva de sus recursos naturales. “Estamos sentando un precedente peligroso para la soberanía del país”, advirtieron especialistas en geopolítica.

El acuerdo ha sido defendido por el canciller Roberto Álvarez, quien lo califica de “histórico” y asegura que, lejos de ceder territorio, el país ha ganado 11 millas náuticas adicionales. Sin embargo, muchos consideran esta afirmación engañosa y sostienen que el pacto vulnera la Constitución dominicana, la cual garantiza la inalienabilidad del territorio nacional. Algunos incluso sostienen que el Tribunal Constitucional no ha tomado en cuenta el artículo 9 de la Carta Magna, que establece la necesidad de proteger los recursos nacionales.

El acuerdo ahora debe ser ratificado por el Congreso Nacional, un paso crucial que ha sido calificado por varios sectores como la última oportunidad para proteger los intereses nacionales. Los críticos instan al Congreso a revisar a fondo el tratado, teniendo en cuenta el impacto que podría tener en la soberanía, los recursos naturales y los intereses de las futuras generaciones.