El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca establecer un salario mínimo de 60 mil pesos mensuales para los profesionales del derecho que laboran en el sector público, así como para policías y militares.
La iniciativa, liderada por el presidente del gremio, Trajano Vidal Potentini, y respaldada por una comitiva de destacados juristas, tiene como objetivo principal dignificar el ejercicio profesional del derecho y garantizar condiciones salariales justas para aquellos que desempeñan funciones fundamentales para el Estado de derecho.
Un llamado a la dignificación laboral
Potentini destacó que el proyecto está fundamentado en principios constitucionales y legales, y responde a la necesidad de reconocer la relevancia de los abogados, tanto civiles como militares, en la protección de los derechos ciudadanos y la consolidación de la justicia. “Es imperativo que se reconozca el valor y el riesgo inherente al trabajo de estos profesionales, quienes son pilares fundamentales de la sociedad”, afirmó.
El proyecto de ley toma como referencia varios artículos de la Constitución dominicana:
- El artículo 38, que establece la inviolabilidad de la dignidad humana.
- El artículo 62, que garantiza el derecho a condiciones laborales equitativas.
- El artículo 39, que consagra el principio de igualdad.
- El artículo 8, que refuerza la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos fundamentales.
Asimismo, se apoya en la Ley No. 41-08 de Función Pública y la Ley No. 105-13 sobre criterios salariales, reafirmando que el ejercicio del derecho es de interés público y debe ser regulado con justicia y equidad.
De aprobarse, esta legislación beneficiaría a miles de abogados que laboran en el sector público, así como a militares y policías, quienes también están incluidos en la propuesta. Potentini subrayó que el ajuste salarial no solo impactará positivamente la calidad de vida de estos profesionales, sino que también fortalecerá la institucionalidad y el acceso a la justicia en el país.
El proyecto ahora deberá ser evaluado por la Cámara de Diputados, donde se espera un amplio debate sobre su viabilidad y sus implicaciones económicas para el presupuesto nacional. Mientras tanto, el CARD continuará abogando por una mejora significativa en las condiciones laborales de los profesionales del derecho y sectores vinculados.
