El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que los contratos de alquiler del Estado dominicano no pueden renovarse automáticamente, según lo estipulado en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Durante su participación en el programa El Despertador, Pimentel subrayó que todo contrato vencido debe someterse a un nuevo proceso de licitación para garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
El tema surge en medio de solicitudes recientes de revisión de contratos de alquiler por parte de entidades públicas como el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). Su director, Guido Gómez Mazara, ha solicitado un análisis técnico sobre el arrendamiento del edificio ocupado por la institución durante más de dos décadas.
Pimentel aclaró que corresponde a las instituciones contratantes decidir si renegocian, rescinden o buscan alternativas al contrato actual, pero insistió en que todas las decisiones deben ajustarse a las normativas vigentes. La Dirección de Contrataciones Públicas está dispuesta a emitir un análisis técnico si Indotel presenta la documentación correspondiente.
Regulaciones desde 2020
Desde 2020, todos los contratos de alquiler deben ajustarse a las modalidades específicas previstas en la Ley 340-06. Estas buscan garantizar:
- Transparencia en los procesos.
- Evaluación adecuada de la relación costo-beneficio.
- Mayor control sobre compromisos financieros significativos.
Caso Transcore Latam: Reformas en Contrataciones Públicas
En la misma entrevista, Pimentel abordó el caso de la empresa Transcore Latam, inhabilitada permanentemente como proveedor del Estado tras descubrirse irregularidades en contratos con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). Sin embargo, aclaró que su propietario, Jochy Gómez, puede seguir contratando con el gobierno a través de otras empresas no sancionadas, ya que las leyes actuales no extienden las sanciones a los accionistas.
El director anunció que trabaja en una reforma para cerrar esta brecha legal. “Queremos fortalecer el sistema, sancionando también a los accionistas y representantes legales de empresas inhabilitadas, lo que enviará un mensaje claro contra las prácticas irregulares”, aseguró.
Carlos Pimentel reiteró su compromiso con la transparencia y la integridad en las contrataciones públicas, señalando que las reformas propuestas buscan proteger la confianza en el sistema y asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera justa y eficiente.
