La comunicadora Altagracia Salazar se lanzó contra la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) al abordar un conflicto reciente en la escuela Juan Isidro Pérez, en Mao, donde un grupo de maestros suspendió las clases en protesta por medidas implementadas por la directora del centro educativo.
Salazar se mostró sorprendida por la reacción de la ADP ante las medidas adoptadas por la directora, que incluyen la reubicación del libro de registro de firmas, la solicitud por escrito de las ausencias y la instalación de cámaras de seguridad en la escuela. Para la comunicadora, estas decisiones, que tienen como objetivo mejorar la supervisión y el cumplimiento de horarios, se han convertido en un tema polémico, con la ADP exigiendo la destitución de la directora, a pesar de que el Ministerio de Educación la respalda.
“Lo curioso es que el Ministerio de Educación no tiene ninguna herramienta para garantizar que los maestros regresen a las aulas. Los maestros son inamovibles, y la ADP presiona para que las medidas que permitan el control de la asistencia se eliminen”, expresó Salazar.
En su crítica, Salazar subrayó que la exigencia de cumplimiento de horarios y la notificación de ausencias son prácticas comunes en cualquier empresa o institución, por lo que cuestionó si estas medidas realmente constituyen una violación de los derechos humanos de los maestros, como argumenta la ADP.
Además, Salazar sugirió que la situación podría llevar a una posible jubilación anticipada de los maestros actuales y la contratación de nuevos educadores que realmente deseen impartir clases a los niños y niñas del país, dejando claro su postura sobre la falta de compromiso que percibe en el sector educativo.
“El Ministerio de Educación debería considerar jubilar a todos los maestros y enviarles el salario a su casa. Quizás lo más conveniente para el país es empezar de nuevo con personas que sí quieran enseñar”, afirmó.
Con esta reflexión, Salazar no solo critica el poder de la ADP, sino también la falta de control sobre la asistencia y el cumplimiento de los horarios en el sistema educativo, planteando una pregunta crucial: ¿quién, en realidad, controla a los maestros en el país?
