El empresario Jochy Gómez ha decidido enfrentar en los tribunales las acusaciones que lo vinculan con el sabotaje de la red semafórica del Gran Santo Domingo, tras un apagón que agravó el caos vehicular en la ciudad. Durante su primera aparición pública tras el incidente, Gómez denunció que se ha creado una narrativa en su contra, sugiriendo que podría estar impulsada por sectores del propio gobierno.

“Se han utilizado instituciones como el Ministerio Público para fabricar casos y difamar a personas. Nos vamos a defender”, aseguró Gómez. Afirmó además que ha contribuido al país mediante avances tecnológicos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, añadiendo que parte de la tecnología que maneja su empresa, Transcor Latam, está presente en lugares como Haití y Francia.

Transcor Latam, empresa en la que Gómez es uno de los principales accionistas, administraba la red semafórica de la ciudad hasta el año pasado, cuando su contrato fue suspendido debido a supuestas irregularidades. A pesar de esto, Gómez destacó los beneficios que su tecnología ha aportado al país y mencionó su asociación con Aurix, una agencia de inteligencia adscrita al Ministerio de Defensa.

El empresario ha sido vinculado en varias ocasiones con casos de espionaje, acusaciones que él niega rotundamente. Como parte de su estrategia de defensa, Gómez trajo este lunes al país al exsecretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, quien fue el orador principal en la conferencia “Tecnología y Democracia: Cuatro años después”, un evento que buscó abordar el futuro de la innovación tecnológica. Pompeo desestimó las acusaciones de espionaje contra Transcor Latam como “teorías conspirativas”.

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, afirmó que el caso del apagón en la red semafórica ya está en manos del Ministerio Público, aunque Gómez aclaró que hasta la fecha no ha sido citado por las autoridades.

Se espera que en los próximos días Gómez y su equipo legal presenten su defensa ante los tribunales, mientras el país observa con interés el desarrollo de este controversial caso que involucra tanto a las altas esferas empresariales como a importantes instituciones gubernamentales.