El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana ha exigido este miércoles al gobierno dominicano una explicación detallada sobre la continuidad del controvertido contrato de semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore, cuya suspensión se había anunciado en octubre del año pasado.
La suspensión del contrato, que supera los RD$1,300 millones, fue dictada por la Dirección de Compras y Contrataciones tras descubrir irregularidades, incluyendo la creación de la empresa meses antes del concurso y el hecho de que su dueño oficial era un empleado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Sin embargo, la controversia persiste, ya que Participación Ciudadana cuestiona la decisión del gobierno de permitir que Transcore continúe operando a pesar de la suspensión.
La organización cívica ha manifestado su preocupación por la falta de transparencia y exige al gobierno que informe a la población sobre el estado de ejecución del contrato, los pagos realizados hasta la fecha y las razones que llevaron al Ministerio a dejar en manos de una empresa cuestionada el control del sistema semafórico del Gran Santo Domingo. “La sociedad dominicana está cansada del dejar hacer y dejar pasar frente a contratos de esta naturaleza que envuelven miles de millones de pesos y que, tras el escándalo, caen en el olvido de los medios”, declararon a través de un comunicado.
Asimismo, Participación Ciudadana ha instado al Ministerio Público a brindar actualizaciones sobre las investigaciones que se iniciaron el año pasado en torno a este caso. Desde la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), se informó a Noticias SIN que se están llevando a cabo las indagaciones pertinentes y que se ofrecerán detalles sobre el progreso de la investigación en un corto plazo.
La situación genera una creciente inquietud en la ciudadanía, que exige mayor rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública, especialmente en casos que involucran grandes sumas de dinero y posibles irregularidades en la contratación estatal.
