El poder ejecutivo ha presentado al Congreso el nuevo presupuesto para el año 2025, que incluye la ambiciosa meta de reducir el gasto en aproximadamente 25,000 millones de pesos mediante la fusión de diversas instituciones públicas. Economistas como Jairo Espino, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UAS), consideran que este presupuesto representa un desafío significativo y la propuesta de reforma fiscal es esencial para su implementación.
Espino señala que, si el nuevo presupuesto supera al del año anterior, se pueden anticipar importantes inversiones en áreas sociales e infraestructura. La fusión de instituciones es vista como una estrategia clave para lograr la reducción del gasto público, pero el economista también sugiere que el gobierno podría aumentar sus recursos a través de la formalización de negocios informales. Actualmente, solo el 14.8% de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) están registradas legalmente, lo que implica un amplio sector de informalidad que no contribuye al sistema tributario.
Por otro lado, el dirigente de izquierda Narciso Isa Conde se opone a una reforma fiscal en este momento. Resaltó la necesidad de defender el 4% del PIB destinado a la educación y el 5% asignado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, argumentando que el gobierno ha estado interviniendo en la universidad y usando el presupuesto para fines políticos.
El presupuesto también contempla asignaciones para programas sociales, incluyendo 54,000 millones de pesos para subsidios eléctricos y 10,000 millones para subsidios de combustibles. En el área de infraestructura, se priorizará la culminación del monorriel de Santiago con una inversión de 24,000 millones de pesos y la Línea 12 del metro de Santo Domingo, con 12,500 millones.
Con un enfoque en la eficiencia del gasto y la formalización de la economía, el gobierno se enfrenta a un reto significativo para equilibrar sus objetivos de desarrollo social y la necesidad de estabilidad fiscal.
