El comunicador Julio Martínez Pozo ha desatado una nueva controversia al revelar que el equipo de recuperación de patrimonio público, establecido por decreto del presidente Luis Abinader, ha llegado a acuerdos extrajudiciales sin la participación del Ministerio Público. Esta revelación ha generado críticas y cuestionamientos sobre las facultades reales de este equipo para negociar acuerdos civiles en casos que implican presuntos delitos contra el Estado.
Según Martínez Pozo, el equipo ha asumido una potestad que no le fue otorgada por el decreto presidencial, el cual establece su función específica en procesos penales. “El decreto no les da la facultad de negociar acuerdos al margen del proceso penal. Están subrogando al Ministerio Público en casos que involucran dolo y crímenes contra el Estado”, afirmó el comunicador.
Esta situación plantea serias dudas sobre la legalidad y la transparencia de los acuerdos alcanzados, especialmente cuando se trata de recuperar bienes presuntamente adquiridos de manera fraudulenta. Martínez Pozo criticó que estos acuerdos podrían estar permitiendo que individuos acusados de crímenes serios evadan la justicia penal adecuada.
Las declaraciones de Martínez Pozo han provocado un intenso debate en el ámbito público y entre expertos legales, quienes cuestionan si el equipo de recuperación está excediendo sus funciones legales y éticas. Esta situación podría tener implicaciones tanto políticas como jurídicas, sugiriendo la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos y facultades otorgadas por el decreto presidencial.
Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial del gobierno respecto a estas acusaciones, pero la controversia continúa creciendo a medida que se profundiza el escrutinio público sobre la gestión de la recuperación de patrimonio público en la República Dominicana.
