La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, respondiendo a una solicitud del Ministerio Público, ha impuesto la medida de prisión preventiva como forma de coerción contra los presuntos cabecillas de una red dedicada al tráfico ilegal de haitianos. La jueza Stephanie Santiago Reyes, tras encontrar suficientes pruebas presentadas por la Fiscalía, ha declarado el proceso como complejo.
Los imputados, identificados como José Andrés Cabrera Francisco (alias Jairo), Enmanuel Jiménez González (conocido como Jhon Manuel), Carlos Bladimir Cuevas Peña (apodado Carlos Pistola), Ricardo Francisco Martínez González (apodado Ricardito), Ramona Salvadora Tapia Flores y Jeffrey Alberto Felipe Acevedo, cumplirán su prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres. Mientras que Tapia Flores será trasladada al CCR Rafey Mujeres.
Además, se han impuesto garantías económicas y medidas restrictivas de salida del país para Freddy Esmeraldo Gómez, Olga Acevedo Capellán y Griselvis Miguelina Parra Hernández. Gómez deberá pagar $2 millones de pesos, Acevedo $500 mil pesos y Parra Hernández $300 mil pesos, mediante contratos con compañías aseguradoras.
Más detalles de la red de tráfico
La red, según la investigación, utilizaba diversas estrategias para evadir la justicia y traía personas indocumentadas desde Haití por vía terrestre, llevándolas a través de Dajabón hasta la provincia Valverde y luego al municipio Navarrete en Santiago, donde se utilizaban diversas propiedades como centros de acopio.
La Fiscalía de Santiago, en conjunto con la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, realizaron diversas diligencias de investigación, identificando rutas y miembros de la organización.
Según las informaciones, el pago requerido a los migrantes de nacionalidad haitiana, oscilaba entre los 8,000 y los 17,000 pesos por persona.
Con esta acción, la Fiscalía y la Procuraduría Especializada destacan su compromiso en la lucha contra estos crímenes que atentan contra los derechos humanos fundamentales, tales como la explotación sexual y comercial. Las medidas de coerción fueron impuestas en respuesta a cargos provisionales por violación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.