El país se encuentra en estado de alerta después de la condena a treinta años de prisión de un hombre por tentativa de asesinato en el caso de un ataque sexual a un joven de 16 años el año pasado. El individuo condenado, identificado como Edickson Monegro Martínez, también conocido como “Alex El Negro”, ha sido procesado debidamente por las autoridades.

Sin embargo, este caso ha desatado una ola de preocupación sobre la gestión de los delitos sexuales y la violencia, particularmente contra menores de edad. Un testimonio impactante ha sido ofrecido por un comunicador local, quien resalta la falta de respuesta oportuna y adecuada por parte de las autoridades en casos similares.

El comunicador, que trabaja en un departamento de investigación especializado, reveló la abrumadora cantidad de denuncias de violencia sexual y ataques a menores que reciben a diario. Señaló la falta de recursos y personal en las fiscalías y la policía para manejar adecuadamente estos casos, lo que resulta en una respuesta laxa y en la fuga de sospechosos.

En particular, se mencionó el caso de un vicecónsul dominicano en Haití, Rafi Joel Peralta, quien ha sido acusado de un ataque sexual pero ha eludido la captura. También se destacó el caso de un venezolano en República Dominicana, acusado de múltiples agresiones sexuales a menores, cuya situación legal no ha recibido la debida atención por parte de las autoridades.

El comunicador hizo un llamado urgente al Ministerio Público y a todas las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley para que tomen medidas más enérgicas contra estos delitos. Instó a una respuesta más rápida y efectiva para brindar justicia a las familias afectadas y asegurar que los perpetradores sean llevados ante la justicia.

Este llamado destaca la necesidad de una acción decisiva por parte de las autoridades para abordar adecuadamente los casos de violencia sexual y proteger a los menores de edad de cualquier forma de abuso. La comunidad espera que este mensaje sea escuchado y que se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.