El comunicador Ricardo Nieves ha dicho que la polémica Ley 1-24, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha generado una serie de desafíos legales con la presentación de siete recursos de inconstitucionalidad en su contra desde su anuncio.
Desde el 22 de enero de 2024 hasta la fecha actual, diversos actores han expresado su descontento con la legislación, depositando acciones legales ante el Tribunal Constitucional. La última de estas acciones fue presentada el 30 de enero por Identidad Dominicana (IDEDOM), sumándose a una lista que incluye al Colegio de Abogados de la República Dominicana, el abogado Ruddy Antonio Mejía Tinedo, el exprocurador fiscal Cirilo de Jesús Guzmán López a través de Guzmán & Guzmán abogados, Carlos Peña del partido Generación de Servidores (Gens), entre otros.
Las acciones depositadas en contra del DNI son por sus artículos 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 24, 26, 27, 29 y 30.
La diversidad de actores que han recurrido a medidas legales refleja la amplitud de preocupaciones y críticas hacia la Ley del DNI. Entre los recurrentes se encuentran Aybar Guzmán & Asociados, el Instituto de Capacitación y Formación Política, Jurídica y Social (Icap), Acción Cristiana, Juventud con una Misión (Jucum), RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, Fumeji, Mayobanex Pepín, Mercedes Núñez y Carmen Orozco Martínez.
Ley del DNI
El Senado de la República aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo objetivo es la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado.
Entre las atribuciones que tendrá el DNI, está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.
La pieza legislativa establece como atribución de la entidad recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses de la nación; así como evaluar amenazas, tanto internas como externas.
La sociedad dominicana de Diarios ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta ley, en contra de lo estipulado por la ley 6132, obligue a los periodistas a revelar sus fuentes, poniendo en peligro el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
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