El comunicador Julio Martínez Pozo ha vuelto a pronunciarse con firmeza sobre la polémica Ley del DNI, expresando fuertes críticas hacia quienes la respaldaron durante su aprobación. En una declaración explosiva, Pozo aseguró que aquellos que votaron a favor de dicha ley, sin importar su afiliación política, “se defecaron ante la democracia dominicana”.
Según el comunicador, la Ley del DNI establece que los ciudadanos deben tener conocimiento de las investigaciones en curso por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Martínez Pozo argumenta que al desconocer dichas investigaciones y ofrecer información sobre el tema, se estaría violando el artículo que penaliza la divulgación de información sujeta a secretos oficiales del DNI con prisión de dos a tres años y multas equivalentes a 9 salarios mínimos del sector público.
Enérgicamente, el comunicador afirmó que no hay justificación para respaldar una ley que, en pleno siglo XXI, limita la transparencia y la libertad de expresión. Calificó la medida como una “pendejada”, utilizando un término contundente para expresar su desacuerdo y descontento con la legislación.
Ley del DNI
El Senado de la República aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo objetivo es la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado.
Entre las atribuciones que tendrá el DNI, está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.
La pieza legislativa establece como atribución de la entidad recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses de la nación; así como evaluar amenazas, tanto internas como externas. La sociedad dominicana de Diarios ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta ley, en contra de lo estipulado por la ley 6132, obligue a los periodistas a revelar sus fuentes, poniendo en peligro el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
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