La Contraloría General de la República ha revelado una serie de irregularidades en diversas instituciones gubernamentales, lo que ha generado críticas debido a la falta de sanciones que hasta ahora se han aplicado a los funcionarios involucrados.

Estas nuevas autoridades gubernamentales han sido objeto de investigaciones que han revelado ineficiencias en su gestión, pero hasta el momento, no se ha tomado ninguna medida disciplinaria al respecto.

Uno de los casos más destacados es el del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, que estaba pagando más de un millón de pesos mensuales a su antiguo director de inteligencia por supuestos “servicios especiales” que no están debidamente documentados. Esta falta de transparencia en el uso de los fondos públicos es solo una de las muchas irregularidades que se han descubierto en las auditorías.

En el Ministerio de Defensa también se han detectado anomalías, como la participación accionaria de empleados en empresas contratadas para varios servicios, así como pagos y transferencias que no tienen un respaldo adecuado. Estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de una mayor integridad en la administración pública y la correcta utilización de los recursos del país.

La Dirección de Compras y Contrataciones también ha sido objeto de críticas, ya que se ha identificado la falta de entrega de inventarios de bienes por parte del funcionario anterior, donaciones de activos no registradas y retenciones aplicadas pero no reportadas al fisco, entre otras irregularidades.