En consonancia con las observaciones de Altagracia Salazar, la Junta Central Electoral (JCE) se encuentra en una encrucijada trascendental. Hoy se vence el plazo otorgado por la JCE a los partidos políticos para retirar la propaganda electoral que ha estado expuesta al público.

Aunque en este punto del proceso predomina la consulta interna de los partidos y agrupaciones políticas, las decisiones que tome la JCE a partir de ahora serán determinantes para el curso institucional de la organización de las elecciones del próximo año.

En línea con las observaciones de Salazar, figura influyente en el análisis político, se plantea que la JCE emitió una advertencia respaldada por la ley electoral vigente, estableciendo un plazo para el retiro de la propaganda electoral.

Sin embargo, esta medida ha sido objeto de rechazo por parte de la oposición política. Según el enfoque de Salazar, el líder de la oposición, Leonel Fernández, ha liderado este rechazo basándose en su propia interpretación de decisiones emanadas del Tribunal Superior Electoral. Fernández utiliza esta interpretación para sus fines políticos, a pesar de reconocer la auténtica naturaleza de la legislación.

En este escenario complejo, la JCE enfrenta el desafío de aplicar la ley con eficacia o ceder ante el desorden inherente a los partidos políticos. Este desorden no solo afecta la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también eleva los costos y dificulta el proceso electoral.

Salazar resalta cómo, recientemente, un aspirante a candidato del partido oficial invirtió una suma considerable en pagar por una falsa portada en los diarios, lo cual plantea interrogantes sobre la capacidad de candidatos para adquirir una ventaja desmedida mediante el uso de recursos económicos. La JCE se encuentra en una posición determinante para mejorar la participación política, permitiendo que quienes carezcan de recursos económicos también puedan ser partícipes.

Junta Central Electoral

 

La Junta Central Electoral (JCE) se configura como un ente autónomo, dotado de personalidad jurídica y autonomía técnica, así como administrativa, presupuestaria y financiera. Su función primordial consiste en la organización y supervisión de los procesos electorales, así como en la gestión de los mecanismos de participación popular establecidos en la Constitución y las leyes vigentes.

De manera consecuente, la JCE dispone de la facultad de establecer reglamentos en las materias bajo su competencia.

Desde su instauración el 12 de abril de 1923, la República Dominicana ha contado con una institución especializada en asuntos electorales, materializada en la figura de la Junta Central Electoral (JCE).

Este organismo, investido con mandato constitucional, asume la responsabilidad primordial de planificar y supervisar los procedimientos electorales, asegurando la plena expresión de los derechos ciudadanos en nuestra nación.

Una atribución de notable trascendencia para la JCE es la gestión y regularización de los actos relativos al Estado Civil de los ciudadanos dominicanos y dominicanas. Adicionalmente, la actual estructura de la JCE se compone de un presidente y cuatro miembros, cada uno acompañado por sus respectivos suplentes. Estos cargos, con un período de desempeño de cuatro años, son seleccionados por el Senado de la República, conformando un equipo esencial para el funcionamiento eficaz de esta entidad.