En el caso de la operación Gavilán, donde se descubrió un entramado que eliminaba antecedentes penales a cambio de sobornos, los consultados legales han destacado la posibilidad de que los individuos que pagaron para borrar sus expedientes enfrenten penas de hasta diez años de prisión por soborno.
Expertos en leyes han señalado que tanto quienes aceptaron el soborno como quienes lo ofrecieron deberían ser considerados igualmente responsables en términos penales.
El Ministerio Público ha estado llevando a cabo una investigación exhaustiva en este caso y ha presentado cargos contra varios individuos implicados en la red de eliminación de antecedentes penales.
Sin embargo, algunos críticos han expresado su preocupación por el hecho de que los beneficiarios de esta operación no fueron incluidos en la medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
Expertos resaltan la necesidad de responsabilizar a las personas sobornadas y anuncian segunda fase de la operación Gavilán
Según la periodista Jaycey Capellán, los expertos legales han resaltado la importancia de que las personas sobornadas también enfrenten consecuencias legales, y que se presente evidencia sólida ante el tribunal, incluyendo testimonios de quienes ofrecieron y aceptaron los sobornos.
Algunos analistas legales han sugerido que los empleados de la procuraduría involucrados en el caso podrían recibir sanciones administrativas en la etapa final del proceso. A pesar de las críticas, el Ministerio Público ha anunciado que habrá una segunda fase de la operación Gavilán, donde se someterá a los beneficiados de la red y se restablecerán los registros que fueron modificados en la base de datos de la procuraduría.
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