La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia condenó a dos años de prisión al alcalde de La Romana, Juan Antonio “Tony” Adames, tras negarle una apelación de una decisión de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís.
El fallo que ratifica la condena al Ejecutivo Municipal recurrente lo condena al pago de una indemnización de 4.05 millones de pesos en favor del escultor Luis Castillo, al igual que las costas del proceso.
Este proceso de “acción pública a instancia privada” no tiene que ver con otro que lleva la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, sobre acusaciones de actos de corrupción en una gestión anterior, y que será conocido el próximo mes.
En la provincia de Barahona hay otro caso, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia de tres años de cárcel, por corrupción, al alcalde por Jaquimeyes, Carlos Valentín Batista, quien recientemente se juramentó en el Partido Revolucionario Moderno.
La sentencia sobre Carlitos Pollo, como también se conoce al edil, también implica el pago de una multa por dos millones de pesos y cinco años inhabilitado para ejercer funciones públicas.
El folcklor político dominicano queda ampliamente expresado en estos dos casos de condenas definitivas y a la incapacidad institucional para hacer valer la ley. Cosa que se combina con nuestra tradición de impunidad.
En Jaquimeyes nadie sabe quien es que debe hacer valer la ley para que el alcalde vaya a prisión como establece la suprema corte y en La Romana mucha gente cree que eso se quedará así porque la esposa del alcalde es la vicealcaldesa.
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