Una investigación de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) da cuenta que en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) se encontraron «anomalías» cometidas por el personal administrativo y el Comité de Compras de la entidad que depende del Ministerio de Educación, durante la adquisición del almuerzo escolar que se inició el pasado año.

Las indagatorias que la semana pasada depositó la DGCP ante la Procuraduría Especializada de persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), y que fueron presentadas en El Informe con Alicia Ortega, señalan que en el Inabie, desde el citado período, no solo hubo tráfico de influencia para la obtención de adjudicaciones y la habilitación de manera deliberada de oferentes «que carecían de idoneidad» para ser seleccionados, sino que también participantes se beneficiaron de préstamos millonarios sin tener cocinas instaladas.

Además, presenta la investigación conjunta, se encontró que había más de 600 participantes que se relacionaban entre sí y las negociaciones de raciones desde el Despacho del exdirector del Inabie.