Las denuncias de corrupción, las trifulcas y las tragedias son recurrentes en la cárcel de La Victoria desde hace más de dos décadas, sin que se logren concretar ambiciosos y costosos proyectos que dignifique la situación de los más de 7,000 reclusos de ese penal. 

No han valido las frecuentes intervenciones que se producen después de escándalos de privilegios, penetración de drogas y armas, así como motines que concluyen con muertos de reos. Y es que, con menos de dos años, las autoridades de la actual Procuraduría General de la República han realizado varios operativos en esa cárcel, el primero de ellos que incluyó la remoción de toda la dotación policial y la asignación de nuevos efectivos, el 17 de septiembre de 2020.

La última intervención se produjo el pasado martes, en la que se desmanteló una amplia estructura tecnológica que incluía un centro de retransmisión de señal de internet para que todos los presos con acceso a un teléfono celular pudieran tener conectividad wifi. La conexión era tan potente que los reos suplían data incluso a residentes del sector donde está ubicado el centro.