La generadora eléctrica Punta Catalina nació con un estigma que la persigue como si las fuerzas oscuras de la corrupción se empeñaran en impedir que tome su función de contribuir a bajar el precio de venta de la electricidad.

Todo lo que parecía que iba a pasar se deshizo. Repentinamente el Gobierno declina convertir esa inversión en otro ejercicio privado del Estado como Banrservas o Refidomsa y supuestamente la pone bajo el control privado.

Según las opiniones contrarias a la concreción del fideicomiso, esta operación tiene vicios en su formulación contractual que provocaría su anulación por el Tribunal Constitucional.

La opinión pública está contraria a la operación toda vez que existe la percepción que se forja un entramado jurídico para dejar la generadora en manos de una parte del sector privado. Desde Madrid el presidente Luis Abinader reaccionó molesto contra esos decires y afirmó que no hay tal contrato de cesión de Punta Catalina, empresa que nació y se levantó en un nido de corrupción. A casi dos años de gobierno no se ha podido establecer cuál fue su costo real pero el Ejecutivo parece dar por bueno y válido el que tiene el fideicomiso de marras.