En el ámbito de las intenciones del gobierno dominicano, las iniciativas que más connotación pública han tenido son la reforma fiscal y el contrato de Punta Catalina. La primera perdió la batalla en los medios y en la población, razón por la que desistieron someter el proyecto de ley y la segunda, se encuentra en medio de un fuego cruzado, que no favorece al fideicomiso público, porque traspasa los derechos y administración de la Central Termoeléctrica Punta Catalina a una fiduciaria, gerenciada por un Comité Técnico privado.

Punta Catalina ha sido famosa, el renombre de la planta, es porque desde su origen nació con cuestionamientos de todo tipo, ambientales, el carbón como fuente energética, costo, licitación y financiamiento y ahora se redimensiona por el debate del que sería el administrador y en qué condiciones hará la gerencia.

Luego de terminada la construcción de la planta generadora de electricidad, con sus dos unidades, con capacidad de producir en conjunto hasta 756 megavatios brutos y en forma garantizada, 674.7 megas netos, las dos opciones que se contemplaron para su organización y gestión fueron una sociedad anónima, conformada con las acciones del Estado y la del fideicomiso público, en la administración gubernamental anterior se decidió por la primera modalidad y en la actual con la segunda.