La corrupción es una de las principales amenazas de la democracia dominicana.El 24 de enero de este año el Índice de Percepción de la Corrupción realizado por la coalición Transparencia Global, sitúo a la República Dominicana en el puesto número 137 de 180 países con una puntuación de 37 (dos puntos menos al 2018) sobre 100, un resultado que nos ubica lejos de cumplir el objetivo 1.1 de la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, que planteaba alcanzar una meta de 51 puntos para el 2020 y 78 puntos para el 2030.
Y resulta increíble pensar que a pesar de los “esfuerzos” que se vienen realizando desde el 2006, en un “afán” por “hacerle frente” a los escándalos de corrupción que han empañado toda institución pública por el mal uso de los fondos públicos y las contrataciones del Estado no han servido de mucho.
Esfuerzos que contemplaron la necesidad de ampliación del marco jurídico que pretende velar por la transparencia de los recursos económicos del país con la aprobación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con sus modificaciones en la Ley 449-06, su Reglamento de Aplicación No. 543-12, entre otras acciones institucionalizadas como el “Libre acceso a la información pública” y la Cámara de cuentas.
