El arresto domiciliario con vigilancia es una medida que ha buscado disminuir los problemas de hacinamiento que hay en el sistema penitenciario dominicano.

Sin embargo, son pocas las residencias de imputados, que cumplen esa medida con una vigilancia permanente, principalmente en caso de presuntos actos de corrupción administrativa, entre ellos que pertenecen al caso “Anti pulpo”, implicados además de testaferros y suplidores del Estado privilegiados en el pasado gobierno de Danilo Medina.

Esto debido a que el Ministerio Público cuenta con pocos agentes de Vigilancia Penitenciaria (VTP) como de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), personal mixto a cargo de la prisión domiciliaria, para dar cumplimiento a esta disposición contemplado en el artículo 226 del código procesal penal en su numeral 6.