La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señala un conjunto de acciones que supuestamente eran instruidas directamente desde el Poder Ejecutivo y que sirvieron de base para que pudiera prosperar el entramado societario de Juan Alexis Medina y los acusados en la red desmantelada en la Operación Antipulpo.

La acusación establece que el Poder Ejecutivo, en la gestión de Danilo Medina, “instruyó a los organismos financieros del Estado y al Contralor a certificar los contratos, y al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, a colocar los fondos para el pago a los suplidores”. Estos suplidores estaban formados por empresas del entramado de Alexis Medina, de acuerdo con el expediente.