La República Dominicana rechazó ayer enérgicamente el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que pide al país no expulsar mujeres migrantes embarazadas, posición estatal que concitó el apoyo de partidos políticos y de una amplia base social.

La CIDH llamó a respetar el principio de no devolución y asegurar la protección efectiva de la población en movilidad humana, en especial a las migrantes haitianas embarazadas.

De inmediato, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) calificó la declaración de la CIDH de “injusta e inoportuna” y afirmó que el país cumple con el principio de no devolución de personas que corren el peligro de ser sometidas a torturas o persecución política, que en el caso de las migrantes embarazadas irregulares, afirmó, no aplica.