En la segunda parte de la Operación Coral (5G) las autoridades lograron identificar que del entramado de corrupción que funcionaba en los cuerpos castrenses y la Policía Nacional, no solo se beneficiaba al mayor general Adán Cáceres, Rafael Núñez de Aza, y Alejandro Girón Jiménez, que fueron arrestados en la primera etapa del caso, sino que se favorecía a otros miembros que poseían niveles de dirección en las instituciones militares y que alegadamente se enriquecieron de forma ilícita.

De manera preliminar, suman 14 los investigados que están en la mira del Ministerio Público. Entre ellos figuran tres generales, siete coroneles, una mayor de la Policía, dos capitanes y un primer teniente.