El anuncio del gobierno de que a partir del 18 de este mes será obligatorio para las personas desde los 12 años presentar la tarjeta de vacunación de dos dosis contra la covid-19 para acceder a servicios, actividades y lugares, ha generado posiciones encontradas y ha abierto un debate de si la medida choca o no con derechos fundamentales protegidos por la Constitución.