La participación política de las mujeres es un derecho fundamental, y asegurar su ejercicio es una obligación del Estado. A nivel internacional, esto se refleja tanto en la aprobación de tratados de derechos humanos como en la adopción de acuerdos políticos resultantes de conferencias internacionales que incorporan compromisos relacionados con este asunto.

De igual manera, en el ámbito nacional, la Constitución Política incluye disposiciones sobre la garantía de este derecho. Estas normas constitucionales se desarrollan en leyes que establecen medidas para aumentar la participación de las mujeres en los escenarios de toma de decisiones políticas.