En primera instancia pertenece a las familias la reivindicación de su participación política en estos asuntos al ser las primeras y originarias responsables de la educación de sus hijos. La función del Estado ha de ser subsidiaria de la familia y el Gobierno se debe al cumplimiento del principio de subsidiariedad, y así ha de ser la presencia y apoyo a la familia por parte de la Iglesia y del profesor de religión.
Por ello, tanto las familias, como a nivel individual, asumimos esta responsabilidad en la educación integral de los hijos y reclamamos los derechos de la libertad de enseñanza, de elección de centro educativo, según las necesidades de cada uno, de educar a los hijos según las propias convicciones morales y religiosas.



