Por décadas los gobiernos han intentado ponerle freno a la corrupción que afecta el país desarrollando distintas medidas, incluyendo la creación de leyes, sin obtener muchos resultados en ese sentido.

Sin embargo, ha sido notorio en los últimos ocho meses la lucha que está librando la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), y la Unidad de Persecución para tratar de recuperar los bienes sustraídos al Estado por medio de la corrupción.

En sus intentos, ambas entidades han realizado decenas de allanamientos en operaciones que se iniciaron desde diciembre pasado, donde han apresado a una veintena de funcionarios a los que se acusa de dilapidar al menos RD$13,500 millones, según la documentación presentada por el Ministerio Público.