Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte a los inversores extranjeros que en la República Dominicana las inversiones podrían verse afectadas por “la falta de normas claras y estandarizada por las que competir, acusaciones de corrupción generalizadas, solicitudes de sobornos y demoras en los pagos del gobierno”.
Los inversionistas manifiestan retrasos en los pagos del Gobierno, aplicación deficiente de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos, a veces sesgados, procedimientos atípicos en la valoración en aduanas y en la clasificación de las importaciones.
