El envío al Centro de Co­rrección y Rehabilitación de Najayo por la jueza Kenya Romero, de los mi­litares y policías implica­dos en el entramado de corrupción develado a tra­vés de la Operación Coral, ha generado un debate in­mediato en el ámbito jurí­dico.

Por lo conocido ya, no existe consenso entre los abogados penalistas so­bre el lugar donde de­ben cumplir la prisión preventiva los militares y policías involucrados en este complejo caso. Unos plantean que de­ben ir a cárcel ordinaria, junto a los civiles, como dispuso la magistrada, y otros a recintos espe­ciales creados para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Na­cional.