La pastora Rossy Guzmán Sánchez, imputada en el caso Coral, realizaba cada lunes cultos evangélicos en la explanada del Cuerpo de Seguridad Presidencial, pero el guardia o policía que se negaba a asistir era sancionado hasta con 10 días de prisión.
Esa era una orden dispuesta por el mayor general Adán Cáceres, quien de acuerdo a testimonios de miembros del Cuerpo de Ayudantes Militares, llegó a trasladar personal por inasistencia a los servicios religiosos.
A esa actividad que se realizaba todos los lunes, de 10:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, y a veces hasta las 2:00, asistían casi mil personas, tanto de servicio como los libres.