En lo que representa de momento un revés para la acción legal del Ministerio Público, un problema en la traducción de dos principales pruebas documentales por una intérprete judicial, relacionada con la acusación contra seis implicados en los sobornos de Odebrecht, impidió que ese ente las incorporara ante los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Su valor es de categoría clave para los fiscales, porque con estas ha buscado probar su acusación contra el grupo de imputados.

El tribunal, presidido por Giselle Méndez e integrado por Tania Yunes y Jissel Naranjo, tomó la decisión tras acoger de manera parcial un pedimento presentado por la defensa de Andrés Bautista y Conrado Pittaluga, a la que se sumó Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, pidiendo la no incorporación de esas pruebas.