La reciente firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico ha desatado intensos debates en República Dominicana, especialmente por la exclusión del sector social en las discusiones finales. Este pacto, presentado ayer en el Palacio Nacional por el Consejo Económico y Social, busca abordar las deficiencias estructurales del sistema eléctrico nacional, pero ha sido criticado por diversos sectores de la sociedad.

A pesar de ser un paso esperado durante seis años, la ausencia de representantes del sector social en la mesa de diálogo generó escepticismo sobre la inclusión y legitimidad del proceso. Anteriormente, este sector había tenido un rol activo en las discusiones sobre el pacto, lo que contrasta con su exclusión actual.

El empresariado, sin embargo, saludó la firma del pacto. Organizaciones como la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), y la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) expresaron su apoyo al acuerdo, lo que ha levantado cuestionamientos sobre quiénes realmente se beneficiarán de las reformas propuestas.

“Los empresarios son los grandes beneficiarios de este sistema que, por años, ha cargado a las familias dominicanas con un servicio eléctrico deficiente”, señalaron críticos del pacto. Mientras tanto, el país sigue enfrentando apagones constantes y una estructura eléctrica que, desde 1997, no ha logrado alcanzar la eficiencia prometida.

Un punto central de las críticas es el hecho de que el Estado dominicano aún controla el 49% de las acciones en el sector eléctrico, pero los recursos invertidos no han resultado en mejoras sustanciales para los consumidores. “Regalamos nuestro patrimonio a las generadoras eléctricas y, después de más de 20 años, el Estado sigue endeudado mientras los ciudadanos sufren las consecuencias de un sistema ineficiente”, comentaron analistas.

Aunque el pacto busca cumplir con las metas establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, los expertos cuestionan si realmente podrá resolver los problemas estructurales o si simplemente perpetuará un modelo que favorece a los sectores más poderosos en detrimento de la población.

La firma del pacto eléctrico, lejos de unificar consensos, ha expuesto las tensiones en el manejo del sector energético y las dudas sobre su capacidad para generar cambios significativos en el corto y largo plazo.