La Cámara de Cuentas, una de las instituciones más importantes para fiscalizar el uso de los recursos públicos en República Dominicana, ha estado en el ojo del huracán durante años debido a irregularidades y escándalos de corrupción. Este lunes, la Procuraduría Especializada para la Corrupción Administrativa (PECCA) allanó sus instalaciones, destapando nuevamente una serie de cuestionamientos sobre el rol y manejo de este organismo.

Instituida por la Constitución y regulada por la Ley 10-04, la Cámara de Cuentas tiene el mandato de auditar las cuentas generales y particulares de la República, incluyendo organismos públicos y privados que reciben fondos estatales. Sin embargo, a lo largo de los años, su desempeño ha estado marcado por críticas constantes.

Uno de los puntos más polémicos ha sido la limitada cantidad de auditorías realizadas y publicadas, considerando que el país cuenta con 2,698 instituciones que deberían ser fiscalizadas, incluyendo ministerios como Educación, Salud Pública y Obras Públicas, que manejan los mayores presupuestos. Curiosamente, estas entidades no suelen ser auditadas, mientras que las auditorías realizadas se enfocan mayormente en ayuntamientos y juntas municipales.

En 2014, la entonces directora de la PEPCA, Laura Guerrero Pelletier, expresó que las auditorías entregadas por la Cámara de Cuentas no facilitaban la persecución penal, ya que muchas eran descriptivas y carecían de elementos conclusivos. Además, el tiempo entre el periodo auditado y la entrega de los informes hacía que muchas pruebas fueran inservibles o estuvieran obsoletas.

A pesar de las solicitudes de más presupuesto, la gestión de la Cámara de Cuentas ha estado marcada por el despilfarro. En 2020, de los RD$974 millones asignados, RD$716 millones se destinaron únicamente a nómina para 510 empleados, muchos de los cuales no justificaban su presencia en la institución. Los altos sueldos del Pleno, que incluían RD$423,000 para el presidente y RD$379,000 para los demás miembros, contrastaba con gastos innecesarios, como lavandería personal y actividades lujosas, pagadas con fondos públicos.

El derroche de recursos no es un tema nuevo. En 2008, se reveló que un expresidente de la Cámara contrató a una persona para enseñar golf a los miembros bajo el pretexto de una actividad institucional. Estas prácticas han contribuido a una percepción generalizada de que la Cámara de Cuentas, lejos de ser un ente fiscalizador, se convirtió en un instrumento político y de enriquecimiento personal.

El allanamiento reciente podría marcar un punto de inflexión en la historia de la institución. Mientras se esperan respuestas de las investigaciones en curso, queda claro que el país exige una Cámara de Cuentas que verdaderamente cumpla con su función de velar por el uso adecuado de los recursos del Estado, lejos de los excesos y las irregularidades que la han caracterizado por décadas.