Un total de 26 mil 835 millones de pesos, lo que equivale a 563 millones de dólares, han costado al Estado Dominicano en apenas ocho años los ingresos mínimos que debe garantizar a la concesionaria de la Autopista Juan Pablo II.

Inaugurada en diciembre de 2008, la vía sólo ha dejado pérdidas al fisco; sin embargo, la empresa de capital colombiano Autopistas del Nordeste, que tiene la concesión, tiene sus beneficios garantizados. Y es que el contrato, adjudicado en 1999, establece la garantía de un ingreso mínimo en sus inicios y en sus adendas posteriores.

Ese contrato tiene una cláusula leonina que establece una tasa de retorno obligatoria para la compañía de un mínimo de 16.9 cuando las tasas de retorno de las deudas públicas no pasan de un 3 o un 4 por ciento, por lo tanto no puede argumentarse la seguridad jurídica cuando existe un contrato tan perjudicial para el Estado y para los intereses del desarrollo turístico de la provincia de Samaná.