La reciente decisión de Altice de vender 1,050 torres de telecomunicaciones en República Dominicana ha generado debate sobre su impacto económico y fiscal. La operación, valorada en aproximadamente 170 millones de dólares, ha despertado interrogantes sobre los posibles ingresos para el Estado, especialmente en materia de impuestos. Expertos señalan que el tratamiento fiscal dependerá de cómo estén registrados estos activos en los libros contables de la empresa, así como de la naturaleza jurídica de la transacción.
A diferencia de bienes inmuebles como viviendas o terrenos, las torres forman parte de activos empresariales vinculados a la infraestructura de telecomunicaciones. Esto implica que no necesariamente están sujetos a los mismos impuestos de transferencia tradicionales. La operación no representa la venta de la empresa ni de sus servicios, sino una estrategia de reorganización de activos. En este contexto, la compradora identificada es Phoenix Towers, firma especializada en la gestión de este tipo de infraestructuras a nivel internacional.
Analistas del sector explican que esta decisión responde a una tendencia global de las empresas de telecomunicaciones de tercerizar la gestión de torres para concentrarse en su negocio principal: la provisión de servicios de voz, datos y contenido. La venta permitiría a Altice liberar capital para invertir en áreas más rentables, mientras continúa operando su red mediante acuerdos de uso con la nueva propietaria. Aunque algunos interpretan la medida como señal de debilidad, especialistas la consideran una estrategia financiera orientada a optimizar recursos y mejorar la competitividad.
