La muerte de Juan Peralta Salas, un trabajador que salía a cumplir su jornada en la madrugada, ha generado una fuerte indignación y reavivado el debate sobre la seguridad vial en la República Dominicana. Según denuncian sus familiares, el responsable del atropello conducía en vía contraria y presuntamente bajo los efectos del alcohol, lo que ha sido calificado como una conducta criminal más que un simple accidente.
El caso ha puesto en evidencia las debilidades del sistema legal en materia de tránsito, especialmente cuando se señala que el conductor podría quedar en libertad en poco tiempo por tener su seguro al día. Esta situación ha provocado cuestionamientos directos al marco normativo y a la aplicación de la ley, incluyendo el rol del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, cuya legislación vigente ha sido criticada por no ofrecer respuestas efectivas ante este tipo de tragedias.
Familiares y ciudadanos coinciden en que el país enfrenta un problema estructural: imprudencia al volante, falta de fiscalización y una legislación que no prioriza la vida humana. La exigencia es clara: endurecer las sanciones para conductores temerarios, garantizar justicia para las víctimas y establecer políticas públicas que reduzcan la impunidad en las vías. En un contexto donde los accidentes fatales son frecuentes, este caso se suma a una lista que exige acciones urgentes y concretas por parte de las autoridades.
